Holanda 2014


Hoy los Países Bajos ya no pueden pretender ser una tierra de acogida dentro del marco de la UE. Los neerlandeses saben que esa carta la jugaron cuando necesitaban mano de obra barata y era época de vacas gordas. Ahora, que acaba de salir por los pelos de la recesión, que ha perdido la triple A crediticia (está en AA+) y que roza los 700.000 parados en un reino de casi 17 millones de súbditos, su papel frente a la inmigración ha cambiado. Parece "confusa". 

El discurso paneuropeísta está en sus horas bajas y no vende lo que antaño. La próxima llegada de rumanos y búlgaros al mercado de trabajo del resto de la UE calienta las gargantas del Parlamento neerlandés y ese eco pretende crear malestar ciudadano. La "cabeza de turco" que cuelga siempre es la misma: el inmigrante delincuente que se aprovecha de los recursos sociales y laborales del benévolo Estado. Y el líder xenófobo, Geert Wilders, sabe explotarla al anunciar con pito y sirena la llegada de “un tsunami de desarrapados”. 

Los partidos laboristas del Reino Unido y Francia están siendo pioneros en incorporar un discurso xenófobo, que criminaliza a los europeos del Este, en busca de un mejor resultado electoral.
Los Países Bajos, gobernados por una coalición de liberales y socialdemócratas, quieren reforzar los controles de las fronteras internas comunitarias a partir del 1 de enero de 2014. La socialdemocracia tiene un conflicto moral con la situación, y prefiere centrarse en evitar la explotación de futuros trabajadores poco cualificados. Sin embargo, el ministro de Asuntos Sociales, Lodewijk Asscher, es socialista y uno de los más firmes partidarios de los planes “potencialmente interesantes” de Londres. Por eso expondrá el “efecto negativo” de la libre circulación de ciudadanos de países pobres en la cumbre comunitaria del día 9. 

 Según la Oficina Central de Estadística, unas 600.000 personas procedentes de otros países de la UE residen en Holanda. De estas, cerca de 20.000 percibe subsidios sociales. La proporción es asumible en términos contables, pero problematizar a los inmigrantes hoy sale a cuenta y capta votantes. 
 Mariana Campeanu, ministra rumana de Trabajo, ha rechazado el estereotipo en que se han convertido sus compatriotas con un argumento contundente: “La mayoría de los emigrantes ya ha salido de Rumanía”. Bulgaria es una nación de poco más de siete millones de habitantes, un número menor que la actual población de Suiza ¿de qué estamos hablando?

 En plena controversia, y con ocho de cada diez holandeses en contra de la apertura fronteriza de 2014, el Gobierno ha tenido que defenderse de la acusación de “racismo en el clima político y medios de comunicación nacional”, procedente del Consejo de Europa. El organismo reprocha la imagen que dan de europeos del Este y musulmanes. Muy molesto, el ministro Asscher, que está cerrando acuerdos con Polonia, Rumanía y Bulgaria, y también con empresas holandesas, para evitar la explotación laboral (sobre todo en la agricultura y construcción) ha contestado que es “demasiado fácil comparar la crítica contra la inmigración con el odio al extranjero”. “No se puede decir que un país entero sea racista”.  Pero, la realidad, es que no se puede decir que la xenofobia institucional holandesa no exista.

El segundo purgatorio holandés está destinado a los solicitantes de asilo. Históricamente Holanda, Suiza y Noruega eran, años atrás, tierra de acogida para aquellos que eran perseguidos y aterrorizados en países sin ninguna garantía jurídica. Pero las cosas cambiaron y la muerte de Dolmátov en el Centro de Refugiados de Ámsterdam fue el toque de diana que le permitió ver a la comunidad internacional hasta que punto Holanda estaba dispuesta a cambiar las reglas del juego. 
Los Países Bajos negaron que Alexandr Dolmátov se suicidara por el rechazo a su petición de asilo político pero luego, bajo presión mediática, reconocieron que fue una sucesión de errores lo que permitió que esa situación ocurriera en suelo amsterdamés.
Según Alice Beldman, "el país ha cambiado y, con creciente frecuencia, los solicitantes de asilo rechazados son ahora lanzados a la calle sin recursos, aunque estén enfermos" y acaban "abandonados a su suerte".

Por segunda vez el Consejo llama ahora la atención a La Haya. El pasado octubre, recordó que debía “proporcionar alimento, ropa y cobijo” a los solicitantes de asilo rechazados “hasta el fallo definitivo de los tribunales”. En 2010, una orden del propio Consejo prohibió a Holanda dejar en la calle a los demandantes de refugio con hijos cuando no colaboraran en su repatriación. La mayor ONG del ramo calcula que 5.000 personas corren igual suerte al año. El caso más reciente, aún sin resolver, lo protagonizan unas 200 personas que han agotado los recursos legales y serán expulsadas. El ayuntamiento de Ámsterdam quiere alojarles seis meses en una antigua prisión transformada en centro de acogida. Muchos fueron encarcelados en su tierra y no quieren ir, lo cual resulta fácil de comprender si consideramos las vivencias traumáticas que padecieron muchos de los solicitantes. Otros dicen ser apátridas, perdidos en un limbo jurídico que no les permite trabajar, acceder a ninguna ayuda ni reconocer a sus propios hijos.
Holanda no quiere oír a la Comisión Nacional de Extranjería cuando le aconseja la entrega de permisos de residencia,  sobre todo a los niños.