Manuel Valls muestra la hilacha


En Europa la derecha y la izquierda son corrientes políticas indistinguibles. Y países como Francia que pretendieron, en algún momento previo a las últimas elecciones, alzarse como una alternativa a la derecha, han evidenciado falta de recursos -y valentía- para acometer cualquier reforma significativa.

El impopular y mediocre gobierno de François Hollande es uno de esos gobiernos que de "socialistas" les queda muy poco. En sus incios, tuvo una idea ya de por sí xenófoba: que Manuel Valls, por ser catalán y de origen extranjero podría representar la cartera de Interior con sensibilidad y sensatez hacia la inmigración.

Pero Valls hace rato que mostró un talante preocupante cuando afirmó que necesitaba unidad nacional ante los problemas que Europa nunca supo solventar: su xenofobia. La solución según Manuel Valls es generar más xenofobia y aplicar "mano dura".

Esta semana ha defendido que los campamentos de gitanos rumanos y búlgaros en suelo francés deben ser desmantelados, y ha asegurado que sus ocupantes serán expulsados a sus países. “Los gitanos tienen vocación de volver a Rumanía o a Bulgaria", ha dicho Valls, que ha añadido, sin un atisbo de ironía, que las autoridades de esos dos países deben hacer más "esfuerzos para su integración".

El Ministro de origen barcelonés afirma que los gitanos suponen un problema desde el punto de vista sanitario y de seguridad" y que "deben ser llevados hasta la frontera" dado que el papel de Francia "no es acoger a estas poblaciones". ¡Y hubo quien pensó que por ser extranjero no sería xenófobo!

Valls insistió en que hay que proseguir desmantelando los campamentos de gitanos que hay en ciudades del país porque "suponen un problema para los vecinos y para los que los ocupan", desde el punto de vista "sanitario y de seguridad".

Diversas organizaciones humanitarias y judiciales, como la Liga de Derechos Humanos o el Sindicato de la Magistratura, tacharon las declaraciones de Valls de "intolerables" y consideraron que "estigmatizan a una categoría de la población". Al tiempo, indicaron que contribuyen a identificar de forma "infundada" a "los culpables por sus orígenes étnicos".

La Comisión Europea (CE) ha recordado que todos los europeos tienen libertad de circulación y residencia. "La libertad de circulación y la libertad de residir en otro país de la Unión Europea es un derecho fundamental que los ciudadanos tienen, sean búlgaros, rumanos o franceses", dijo en rueda de prensa el portavoz comunitario Olivier Bailly. Si las libertades precisadas en las directivas no se respetan, "la CE usará los medios a su disposición" para corregir esa situación, advirtió.

El portavoz se ha remitido a las palabras de la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, en una entrevista esta mañana a France Info. En ella, la comisaria acusa a Francia de no aplicar la "estrategia nacional para la integración de los gitanos" y le recuerda que, a base de ese instrumento, el país recibe anualmente fondos de la Unión Europea. "La CE recuerda a Francia y al resto de Estados miembros, que han acordado entre ellos y con la Comisión una estrategia europea para la integración de los gitanos", ha añadido Bailly.

Pero no sólo el Ministerio de Interior huele mal en Francia. Cómo sucede en España, el Poder Judicial resulta incapaz de defender y velar por que los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las minorías y de la población más pobre. Estos derechos acaban amputados por la xenofobia, el desinterés y la insensibilidad imperante. De este modo, los delitos comunes individuales se sobredimensionan hasta ser atentados de un conjunto poblacional contra una nación. 

En Toulouse, el juez Hervé Barrié, presidente del Tribunal Correccional, ha suscitado el asombro de los sindicatos de magistrados y las asociaciones por los derechos humanos. Barrié acusó a los gitanos de querer saquear Francia durante un juicio rápido a cuatro jóvenes acusados de robo. “¿Piensan ustedes que les vamos a dejar saquear Francia así?”, les preguntó el juez. Los detenidos estaban acusados de haber robado 53 kilos de cobre -53000 gramos, para la prensa el servicio de Valls-. Aunque la fiscalía solicitó entre seis y ocho meses de prisión, el juez Barrié les condenó a un año de cárcel y 41.000 euros de multa.

Teniendo en cuenta que el kilogramo de cobre vale unos 6,5€, el coste total de la mercadería robada no asciende ni a los 345€. Bastante menos que lo que vale un smartphone de nueva generación. ¿Cómo se justifican los 41000€ de multa?

En un comunicado conjunto, la Liga por los Derechos Humanos, el Sindicato de la Magistratura y el de los Abogados de Francia han afirmado que las palabras del juez son “intolerables, pues estigmatizan a una categoría de la población, y establecen prejuicios infundados y odiosos entre los detenidos y su origen étnico”.

Las asociaciones denuncian que ese “discurso deletéreo, cada vez más dominante, señala chivos expiatorios y atiza la xenofobia despreciando la cohesión social”. Y todo esto en manos de un gobierno "socialista".