Los dos bandos del terror (segunda parte).


En Enero del 2008 analizábamos los dos bandos del terror y la brutalidad policial en el arresto de Igor Portu.
Hoy en Tribunal Supremo a abierto una puerta a la impunidad y le ha dado luz verde a la tortura policial al anular la condena a los agentes.
La letrada encargada de defender los derechos de Portu, Amaia Izko, ha asegurado que el Tribunal Supremo "no ha dudado en entrar de lleno en un campo que le está totalmente vedado que es el de la valoración de la prueba" y ha manifestado su voluntad de recurrir la sentencia ante el Tribunal Constitucional y si fuera necesario ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

 El hecho es significativo por que el caso Portu estremeció la opinión pública -y no únicamente a los vascos- al verse reflejada el abuso de autoridad y el ejercicio libre de brutalidad y violencia en el informe médico y en las fotografías tomadas al presunto etarra en su ingreso hospitalario. Los dos bandos del terror, hacía referencia a la posición del Estado español, en la era previa a la paz armada de E.T.A. 

La guerra entre los nacionalismos, al menos en España, es diaria y absurda, visible e inútil, y afecta a la vida de millones de españoles que se ven obligados a desplazarse o "tragar" para continuar con su supervivencia en una nación en la cual el título nobiliario, el apellido, el origen y la lengua siguen siendo razones de peso, excusas para cerrar puertas, para otorgar subvenciones y/o enchufar funcionarios en todo el territorio de la nación. 

 Pero la forma en la que el Estado español ha respondido ante los nacionalismos perfiféricos, saltándose los derechos humanos, burlando la ley y entrando de lleno en el juego de bandos, ha acabado por deslegetimar las instituciones estatales y la policía, hasta hacerlas indistintas en su accionar a los grupúsculos más extremistas. E.T.A. se ha condenado a sí misma en cada atentado, hasta transformarse en un sinónimo de terrorismo político inaceptable. ¿Es el Estado tres cuartos de lo mismo? Esperemos que el recurso presentado por Izko demuestre que la justicia, en este país, no fue la principal víctima mortal de los atentados de 1961.